La demanda de productos ecológicos se ha disparado en los últimos diez años, sobre todo en los países del norte de Europa. De hecho, a falta de que se hagan públicos los datos del último ejercicio, los europeos gastaron 19.700 millones de euros en productos bio.
Este crecimiento es tan fuerte que ha provocado que aparezcan cada vez más en los lineales productos etiquetados como ecológicos cuando realmente no lo son. Creando incertidumbre y desconfianza en el consumidor. Según palabras del comisario de Agricultura de la Comisión Europea, Dacian Ciolos, admite que "existe una gran tentación de fraude", una afirmación generalizada que ha de desaparecer, razón por la cual la Comisión Europea ha decidido modificar el marco normativo que regula estas producciones.
En concreto España es el país con más superficie de agricultura ecológica europea (1,6 millones de hectáreas de las cuales el 75% se dedica a la exportación). Así las organizaciones ecologistas recuerdan que este país ha de responsabilizarse del peso que tiene en este sector con normativas y técnicas que se adapten correctamente a las necesidades tanto de agricultores como de consumidores, cultivos y ganados.
Se deben evitar crisis como por ejemplo la de 2011 por un brote de la bacteria E Coli que generó víctimas mortales y miles de afectados en toda Europa. Esta fue el desencadenante de duras críticas contra el sector. Según palabras del comisario de Agricultura de la Comisión Europea, "Si perdemos la confianza del consumidor, después será muy difícil que podamos recuperarla".
La agricultura ecológica se encuentra regulada legalmente en España desde 1989, en que se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica", que fue de aplicación hasta la entrada en vigor del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.
Actualmente, desde el 1 de enero de 2009, fecha en que ha entrado en aplicación, la producción ecológica se encuentra regulada por el Reglamento (CE) 834/2007el Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga en el Reglamento (CEE) 2092/91 y otros reglamentos posteriores que lo modificaban.
Aún así, el reglamento vigente trajo consigo bastantes vacíos legales en los que están permitidas prácticas que el consumidor final no consideraría precisamente ecológicas, razón por la cual la Comisión Europea (CE) quiere legislarlo de nuevo para evitar cualquier tipo de duda sobre estas producciones.
La CE ha lanzado un borrador de propuesta que ha puesto en pie de guerra a los operadores en España debido al nivel de exigencias adicionales a la producción ecológica, cuando, según ellos, este es el sector que más cuidado pone en proteger el medio ambiente.
Para La Asociación Valor Ecológico-Ecovalia antiguo comité Andaluz de Agricultura Ecológica, “el documento crea un grado inaceptable de incertidumbre que provoca indefensión en el sector causado por la falta de definición que se deriva de los actos delegados: La mayor parte de los detalles de aplicación están supeditados a su definición mediante actos delegados. Si se aprobase este borrador sería una decisión a ciegas ya que una gran parte de las referencias trascendentes para el sector no están incluidos”.
Además, esta organización piensa que “existe incoherencia entre el planteamiento hacia los principios de las Producciones Ecológicas y su desarrollo en el contenido del borrador: No promueve la conservación ambiental (admitiendo una carga ganadera de hasta 14 animales/Ha), no promueve el bienestar animal (permitiendo densidades 4 m2/animal), no favorece la calidad y seguridad alimentaria (acepta la presencia de sustancias no autorizadas en un 0.01 ppm independientemente de su causa) y no promueve la biodiversidad (las condiciones de uso de semilla ecológica desincentivan la utilización de semillas autóctonas)
Por lo tanto y como conclusión para Ecovalia “la implantación entraría en contradicción con políticas Europeas ya aprobadas. Es necesaria una propuesta coordinada que tenga en cuenta: la condicionalidad, la PAC y la estrategia 2020.”
Para la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), “la propuesta de Reglamento sobre producción ecológica limitaría la producción ya que recoge varias medidas que no responden a la realidad del sector. Según esta organización, La Unión Europea pretende prohibir la coexistencia de producción ecológica y convencional en la misma explotación, lo cual es un problema en España, donde más del 50% de las explotaciones son mixtas. Y además, señala, no avanza en la implementación de la venta directa y los canales cortos, una de las líneas estratégicas para impulsar el consumo, que es lo que por ejemplo, en España, todavía no funciona.
Según Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, “no está demostrado que los productos ecológicos sean mejores para la salud que los otros, los estudios en este sentido no son concluyentes.”
Sin embargo, para la OCU “los consumidores tienen derecho a saber cuándo por algún motivo decidan optar por este tipode productos, cuales son los criterios que deben cumplir.”
Que las reglas del juego sean claras y las mismas para todos. El que haya excepciones a las normas y se deje demasiado a los “actos delegados” complica las cosas. De hecho hace muy dificil saber si un residuo de un pesticida o medicamentoveternario encontrado en un producto ecológico responde a un incumplimiento o alguna excepción que se haya permitido en alguna zona, con lo cual el control se hace muy complicado sino, imposible, en los puntos de destino o comercialización, añade Izverniceanu.
Asimismo, para la OCU, “las excepciones a los fundamentos que dispone dicho reglamento deben ser en casos extremos en los que el agricultor no tenga más remedio que acudir a técnicas consideradas "no ecológicas". Se debe tener en cuenta la opinión del consumidor, especificando en el etiquetado los procesos por los que ha pasado el ganado o el cultivo para que el producto que llegue al consumidor final sea transparente.”
En definitiva, la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa un documento que va a ser debatido ampliamente en el seno de la Unión Europea y que tendrá que satisfacer las demandas de los consumidores y las de los productores, o por lo menos intentarlo. Fuente: q.com.es
